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Canales Técnicos de Seguridad: Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada

Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada
     
Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada
Seguridad Privada: Empresas de Seguridad
Introducción.

La seguridad representa uno de los pilares básicos de la convivencia y, por tanto, su garantía constituye una actividad esencial a la existencia misma del Estado moderno que, en tal condición, se ejerce en régimen de monopolio por el poder público. Sin embargo, progresivamente se ha ido extendiendo por todas las sociedades de nuestro entorno la realización de actividades de seguridad por otras instancias sociales o agentes privados, llegando a adquirir en las últimas décadas un auge hasta ahora desconocido.

En este marco se inscribe la Ley de Seguridad Privada (LSP), en su consideración de los servicios privados de seguridad como servicios complementarios y subordinados respecto a los de la seguridad pública.
 
La intervención en la organización y desarrollo de las actividades de las empresas privadas de seguridad, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, esta fundamentada en la misión constitucional de proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y garantizar su seguridad.
 
Entre los factores que han propiciado la elaboración de la LSP destacamos:
1.       Establecer establece un conjunto de controles e intervenciones administrativas.
2.       Renovar y ampliar una legislación obsoleta (preconstitucional) caracterizada por la deficiencia de las normas, su enorme dispersión y su falta de estructura unitaria y sistemática, lo que produce lagunas o desfases propios de una legislación que envejece y que ha sido superada por la rápida evolución del sector.
3.       La evolución del sector en una sociedad dinámica ha originado numerosos problemas: actividades prohibidas, intrusismo, formación deficiente, carencia de certificación de productos, etc.
4.       Necesidad de normalizar ciertos aspectos y actividades no contemplados y que han surgido como necesarios dentro del sector:
§         Depósito y almacenamiento de fondos por las empresas de seguridad.
§         Transporte aéreo y marítimo de fondos.
§         Prestación sin armas de servicios de seguridad.
§         Normalización y adecuación de los servicios de protección personal.
§         Adaptación a las exigencias actuales de la legislación de los guardas particulares de campo.
§         La urgente y necesaria dotación del rango normativo suficiente al desarrollo del régimen sancionador aplicable a la materia.
§         Encuadrar a los detectives privados.
 
En la LSP y el Reglamento de Seguridad Privada (RSP) se determinan los requisitos y características de las empresas de seguridad; las condiciones que deben cumplirse en la prestación de sus servicios y en el desarrollo de sus actividades, y las funciones, deberes y responsabilidades del personal de seguridad privada; al tiempo que se determinan los órganos competentes para el desempeño de las distintas funciones administrativas, y se abre el camino para la determinación de las características de los medios técnicos y materiales utilizables.
 
Estos pilares básicos se han desarrollado y concretado en posteriores Ordenes Ministeriales y Resoluciones con el fin de implantar una regulación del sector adaptada a las necesidades actuales.
 
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Servicios y actividades.

Únicamente pueden realizar actividades de seguridad privada y prestar servicios de esta naturaleza las empresas de seguridad y el personal de seguridad privada.
 
Las actividades y servicios de seguridad privada se prestarán con absoluto respeto a la Constitución y con sujeción a lo dispuesto en la LSP y en el resto del ordenamiento jurídico.
 

Las empresas de seguridad únicamente podrán prestar o desarrollar los siguientes servicios y actividades:
  • Vigilancia y protección de bienes, establecimientos, espectáculos, certámenes o convenciones.
  • Protección de personas determinadas, previa autorización correspondiente.
  • Depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes, títulos-valores y demás objetos que, por su valor económico y expectativas que generen o por su peligrosidad, puedan requerir protección especial sin perjuicio de las actividades propias de las entidades financieras. También referido a la custodia, los transportes y la distribución de explosivos.
  • Transporte y distribución de los objetos a que se refiere el apartado anterior.
  • Instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad.
  • Explotación de centrales para la recepción, verificación y transmisión de señales de alarma y su comunicación a las FCS, así como la prestación de servicios de respuesta cuya realización no sea competencia de dichas fuerzas.
  • Planificación y asesoramiento de las actividades de seguridad.
 
Son de carácter privado las empresas, el personal y los servicios de seguridad, cuyas actividades tienen la consideración legal de actividades complementarias y subordinadas respecto a las de seguridad pública.
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, corresponde al Cuerpo Nacional de Policía el control de los servicios o actuaciones en materia de seguridad privada, vigilancia e investigación.
 
Cuando los funcionarios policiales competentes observaren la prestación de servicios de seguridad privada o la utilización de medios materiales o técnicos que puedan causar daños o perjuicios a terceros o poner en peligro la seguridad ciudadana, suspenderán su prestación, debiendo tal decisión ser ratificada por el Secretario de Estado de Seguridad o por los Subdelegados del Gobierno en el plazo de setenta y dos horas.
 
En ningún caso las empresas de seguridad podrán realizar las funciones de información e investigación propias de los detectives privados.
 
 
Actividades auxiliares.

Quedan fuera del ámbito de aplicación de la LSP las actividades de custodia del estado de instalaciones y bienes o de control de accesos realizadas en el interior de inmuebles por personal distinto del de seguridad privada y directamente contratado por los titulares de los mismos.

Este personal en ningún caso podrá portar ni usar armas, ni utilizar distintivos o uniformes que puedan confundirse con los previstos en esta Ley para el personal de seguridad privada.

La disposición adicional primera del R.D. 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el RSP establece que "quedan fuera del ámbito de aplicación del RSP las actividades siguientes, realizadas por personal distinto del de seguridad privada, que no ha de estar integrado en empresas de seguridad, y puede ser directamente contratado por los titulares de los inmuebles:
1.       Las de información en los accesos, custodia y comprobación del estado y funcionamiento de instalaciones, y de gestión auxiliar, realizadas en edificios particulares por porteros, conserjes y personal análogo.
2.       En general, la comprobación y control del estado de calderas e instalaciones generales en cualesquiera clase de inmuebles, para garantizar su funcionamiento y seguridad física.
3.       El control de tránsito en zonas reservadas o de circulación restringida en el interior de fábricas, plantas de producción de energía, grandes centros de proceso de datos y similares.
4.       Las tareas de recepción, comprobación de visitantes y orientación de los mismos, así como las de control de entradas, documentos o carnés privados, en cualquier clase de edificios o inmuebles".
 
 
 
Empresas de seguridad. Generalidades.

Únicamente pueden realizar actividades de seguridad privada y prestar servicios de esta naturaleza las empresas de seguridad y el personal de seguridad privada.
Para poder prestar los servicios y ejercer las actividades de seguridad, las empresas deberán reunir unos requisitos específicos, siendo fundamentales la autorización por parte de la DGP y la inscripción en el Registro de Empresas de Seguridad.
 
Los requisitos básicos se refieren a constitución de sociedad, capital social, plantilla, armero o caja fuerte, seguro de responsabilidad civil, garantía, sistemas de seguridad, medios de comunicación, vehículos, locales, medios humanos, de formación, financieros, materiales y técnicos etc.
 
Las empresas se limitarán en su actuación al ámbito geográfico: nacional o autonómico, para el que se inscriban en el Registro.
 
Para garantizar la seguridad, solamente se podrán utilizar las medidas reglamentadas y los medios materiales y técnicos homologados, de manera que se garantice su eficacia y se evite que produzcan daños o molestias a terceros.
 
En ningún caso las empresas de seguridad podrán realizar las funciones de información e investigación propias de los detectives privados.
 
Las empresas de seguridad que pretendan abrir delegaciones o sucursales lo solicitarán de la Dirección General de la Policía, acompañando los documentos establecidos y deberán abrir delegaciones o sucursales, en las ciudades de Ceuta o Melilla o en las provincias en que no radique su sede principal, cuando realicen en dichas ciudades o provincias ciertas las actividades y dispongan de un número mínimo de vigilantes de seguridad.
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, corresponde al Cuerpo Nacional de Policía el control de las entidades en materia de seguridad privada, vigilancia e investigación.
 
Las empresas de seguridad comunicarán, con una antelación mínima de tres días, de forma individualizada para cada servicio, la iniciación del mismo, con indicación del lugar de prestación, la clase de actividad, la persona física o jurídica contratante y su domicilio, así como la duración prevista de la vigencia del contrato.
 
La referida comunicación de los contratos se efectuará por cualquier medio que permita dejar constancia de ello y ante las dependencias policiales correspondientes.
 
Las modificaciones de los contratos se comunicarán, en la misma forma y plazos indicados, en las dependencias policiales oportunas. El formato de los contratos y de las comunicaciones se ajustará a las normas y modelos que se establezcan por el Ministerio del Interior, se les podrá añadir pactos complementarios y permanecerán en las sedes de las empresas de seguridad a disposición de los órganos de la FCS competentes en materia de inspección y control, durante un plazo de cinco años desde la finalización del servicio objeto del contrato.
 
Cuando la comunicación, el contrato o la oferta de servicios de las empresas de seguridad no se ajuste a las exigencias prevenidas, se les notificará las deficiencias, con carácter urgente, a efectos de que puedan ser subsanadas en los cinco días hábiles siguientes, con apercibimiento de que, de no hacerlo en el plazo indicado, los citados documentos se archivarán sin más trámite, no pudiendo comenzar la prestación del servicio, o continuarla, si ya hubiese comenzado.
 
 
Obligaciones de las empresas de seguridad.

Las empresas de seguridad privada tendrán obligación especial de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, de prestarles su colaboración y de seguir sus instrucciones en relación con las personas, los bienes, establecimientos o vehículos de cuya protección, vigilancia o custodia estuvieren encargados.

A estos efectos deberán comunicar a dichas Fuerzas y Cuerpos cualesquiera circunstancias e informaciones relevantes para la prevención, el mantenimiento o el restablecimiento de la seguridad ciudadana, así como los hechos delictivos de que tuvieren conocimiento en el desarrollo de dichas actividades.
 
Las empresas de seguridad llevarán obligatoriamente los siguientes libros-registros:
1.       Las empresas que estén obligadas a tener sistema de seguridad instalado, libro-catálogo de medidas de seguridad.
2.       Libro-registro de comunicaciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el que se anotarán cuantas realicen sobre aspectos relacionados con la seguridad ciudadana, fecha de cada comunicación, órgano al que se dirigió e indicación de su contenido.
 
Tanto los libros-registro de carácter general como los específicos que se determinan para cada actividad, se llevarán en la sede principal de la empresa y en sus delegaciones o sucursales, debiendo estar siempre a disposición de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Autónoma correspondiente, encargados de su control.
 
Durante el primer trimestre de cada año, todas las empresas de seguridad remitirán a la Secretaría de Estado de Interior un informe explicativo de las actividades realizadas en el año anterior. Asimismo, remitirán a la Secretaría de Estado de Interior, durante el primer semestre de cada año, el resumen de la cuenta anual, en el que se refleje la situación patrimonial y financiera de la empresa.
Anualmente, las empresas de seguridad habrán de presentar en el registro en que se encontraran inscritas certificado acreditativo de vigencia de la correspondiente póliza que documente el contrato de seguro de responsabilidad civil.
 
Las empresas de seguridad estarán obligadas a comunicar a la Secretaría de Estado de Interior todo cambio que se produzca en la titularidad de las acciones, participaciones o aportaciones y los que afecten a su capital social, dentro de los quince días siguientes a su modificación (artículo 9.1 de la LSP). Asimismo, y en igual plazo, deberán comunicar cualquier modificación de sus estatutos y toda variación que sobrevenga en la composición personal de sus órganos de administración y dirección (artículo 9.2 de la LSP).
 
Las empresas de seguridad deberán comunicar las altas y bajas del personal de seguridad privada de que dispongan a las dependencias correspondientes de las FCS, dentro del plazo de cinco días siguientes a la fecha en que produzcan.
 
Las empresas de seguridad deberán garantizar la formación y actualización profesional de su personal de seguridad pudiendo crear para ello centros de formación, de acuerdo con lo previsto en la LSP.
 

     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
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